Muy sentida e interesante fue la Presentación ayer 13 de Julio del Informe Nacional en denuncia de la Violencia contra los líderes sindicales: el retroceso de la clase trabajadora en Venezuela, que llevaron a cabo las organizaciones ODEVIDA y PROVEA. En este acto, se dió a conocer que en Venezuela, en el ámbito de trabajo, fueron asesinadas 44 personas defensoras de derechos laborales o líderes sindicales, entre los años 2015 y 2020, según un informe construido por la coalición regional Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), y con datos del Observatorio de la Conflictividad Social (OCS) y de PROVEA.
Y sin duda, se convirtió en el espacio necesario para que familiares y representantes de 6 afectados por las detenciones abruptas de esta última semana en Caracas, y en el interior del país, estimadas en 200 personas, y quizás muy por debajo de otros hechos, permiten tener una magnitud sobre la manera irregular de proceder de personas o funcionarios del Estado Venezolano, en detrimento del Estado de Derecho plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que el pueblo ciudadano tiene que estar alerta y conciente de sus derechos y deberes para corregir este tipo de injusticias o desvíos para cuidar el orden y la vida en esta Nación.
Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo de la Socióloga Lissette González, actual Coordinadora de Investigación de Proyectos de @Provea, e hija de Rodolfo González, un hombre de 63 años señalado en forma distorsionada por las fuerzas de inteligencia y seguridad bajo el gobierno de Nicolás Maduro, como uno de los organizadores de las protestas antigubernamentales de principios de 2014, acusándole de unos hechos distorsionados graves, en cuánto a qué tenía armas y hasta supuestos explosivos en su casa, y que a casi un año de detención, se indica se suicidó en una prisión del servicio de inteligencia (Sebin) al haber Sido condenado en forma injusta, como han logrado sostener sus familiares en refutacion, ya que en contra del señor parece que ni lograron en el juicio presentar pruebas al respecto de lo grave que se le imputó, considerando que con ficción y artilugios, siendo agraviado en calumnia y desvío de la verdad, y que implicaba una vez condenado que fuera a una cárcel con peores condiciones aún de reclusión, ello parece fue el hecho determinante para que este hombre, excapitán civil de la aviación sumido en la desesperación, según su abogado, se quitara la vida. Muy posiblemente como explican sus allegados para evitar a su familia pasar por la agonica situación que en Venezuela se vive en las cárceles que es otro tema muy fuerte dentro de los estudios de la reproducción de la cultura de la muerte y de la distorsión de valores en merma de la cultura de la vida.
A Raúl Cubas, migrante y sobreviviente de una dictadura en Argentina, le correspondio dar el detalle de los niveles de violencia a los trabajadores, a través del estudio de 82 casos. Cubas es uno de los fundadores de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, que nace poco antes de los fuertes sucesos de muerte de campesinos en El Amparo y del Caracazo en 1989, y que desde entonces se han dedicado a ser una referencia de un primer apoyo, a diferentes víctimas de abuso de derechos humanos en el país, contando con un personal reducido aunque dando impulso a que se formen diferentes grupos y otras organizaciones que velen por la exigencia y cuido de los DDHH en el país.
Cubas explicó, que "entre 2015 y 2020, ODEVIDA ha registrado un total de 82 casos de violencia en contra de personas defensoras de derechos laborales y líderes sindicales. 44 (53,66%) casos de asesinato, 1 de ellos presuntamente relacionado con la acción del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (CICPC). 28 (34, 15%) casos de detenciones arbitrarias; 5 (6,10%) casos de amenazas o intimidaciones, 4 (4,88%) casos de intentos de asesinatos y 1 (1,22%) caso de malos tratos. De los 82 casos, 4 fueron en contra de mujeres".
En relación al tipo de víctimas de estas violencias, preciso que "82 casos de defensores/as de derechos laborales, 23 (28,05%) de las víctimas pertenecían a sindicatos de la construcción; 21 (25,61%) a sindicatos de las empresas básicas estatales del estado Bolívar; 11 (13,41%) a Centrales Sindicales; 6 (7,32%) a sindicatos de la Administración Pública; 4 (4,88%) a sindicatos de la industria petrolera; 4 (4,88%) a sindicatos de Empresas; 3 (3,66%) a sindicatos de la Salud; 3 (3,66%) a sindicatos de empresas eléctricas, y de 7 (8,54%) casos no hay información".
Y es muy relevante destacar que es "la falta de información de las fuentes oficiales tales como Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, que no presenta indicadores en materia de libertad sindical desde 2016, lo que hizo necesario recurrir a más información por consulta y por la proporcionada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", que permitio ver más claramente la situación, por lo que en una consulta, de 2019 se consiguió que "el derecho de las personas trabajadoras a asociarse en sindicatos para mejorar sus condiciones laborales y económicas, y el de los empresarios a promover sus iniciativas, no estaban siendo respetados".
Por ODEVIDA se destaca que "la investigación en las violaciones a los derechos humanos que afectaron a personas trabajadoras y dirigentes sindicales producto de la violencia estatal y paraestatal" lamentablemente se hace "con aquiescencia o complicidad de los poderes públicos, en especial las violaciones al derecho a la vida y a la libertad personal".
Hizo también derecho de palabra, tras una confusión con respecto al orden de palabras, por otro invitado vía Web, y que apenas participó en parte desde Colombia, dando paso a la expresión, a la Coordinadora de los Comités Populares por la defensa de los Derechos Humanos, Díannet Blanco, quien actualmente trabaja en PROVEA luego de sufrir más de 1 año en cárcel, por haber participado y ayudado a unos jóvenes en una protesta, y que se ha visto ahora doblemente afectada, ya que su esposo Gabriel Blanco, Trabajador social, exdirigente sindical y quien actualmente labora en una organización que previene la violencia de género hacia las mujeres y los niños, está entre los detenidos junto a otros dirigentes de otras organizaciones, acusado de terrorismo, y de conspiración, sin sustento ni pruebas, y al cual llegaron a detener en forma irregular, y solo cuando por lo menos apareció la orden con la ubicación a donde sería trasladado, este acompaño a los funcionarios para una supuesta entrevista e interrogatorio al sitio donde finalmente quedó detenido.
Por otra parte, la dirigente Susana Rojas, en nombre del partido Bandera Roja y de los familiares hizo un llamado a los organismos nacionales e internacionales en materia de protección de los derechos humanos, específicamente a la Alta Comisionada para los DDHH de las Naciones Unidas, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), a que conozcan de las detenciones arbitrarias de las cuales son víctimas los otros detenidos: Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Yeny Pérez. 4 de ellos miembros de esa organización.
También participo como ponente la investigadora y profesora Jacqueline Richter, Presidenta del Centro de Formación e Investigación Laboral (CEFI) y Directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, que también se pronunció en rechazo a esta situación de vulnerabilidad del Estado de Derecho en Venezuela, que se viene monitoreando e insiste en advertir que la política del Ejecutivo esta siendo destructora del empleo productivo y conduce al país hacia la esclavitud, ya que deja de llevarse a cabo el diálogo entre las diversas partes, organismos internacionales, gobierno, trabajadores y empresarios, hay irrespeto a los convenios internacionales y nacionales, se están utilizando criterios errados y hay falta de acceso a la información y por ende hay injusticia. Y considera que es crucial que el gobierno haga caso a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT, en el marco del Foro que se ha conseguido a estos efectos.
Y por parte de las organizaciones sindicales y laborales, logró llegar al evento, el dirigente de los obreros por la salud, Pablo Zambrano, quien relató varios de los atentados que le han hecho en su vida, agresiones, golpes y sustos, dolor y problemas que ha sobrellevado a lo largo de más de 40 años en estas lides, incluyendo un tiroteo, y que a su hijo casi lo matarán, y que se salvó gracias a Dios, ya que también lo viene formando para que luche por los derechos de los trabajadores, por lo que llama a todos los sectores, al Gobierno, y a la Oposición, a Nicolás Maduro y a Juan Guaido, a qué depongan sus intereses y diferencias y a qué confirmen una Mesa de Trabajo aquí en Venezuela, dejando el egoísmo y la vanagloria de los viajes, y que den cuenta al país de cómo se cuidan los activos, ingresos o inversiones de la Nación ya que la gente solicita respuesta a tanta inacción, desinformación y postergación de los conflictos.
Zambrano llamo a las élites de izquierda o de derecha, a las oligarquías, roja, blanca, azul o variada, a dar respuesta al país luego de llegar a la situación de un salario mínimo equivalente a casi menos de 1 dólar, a 1, 5 dólar por más de cinco años, y a unos niveles de inflación, poca racionalidad, falta de Coordinación y atraso que complica las vida de los venezolanos en un tiempo de Pandemia, que aún ni culmina y dónde recibe violencia del Gobierno y también de dirigentes Opositores que levantan falso testimonio por conseguir algunas migajas o compensaciones para algunos pero dónde está vivo el problema de fondo, que es el irrespeto y pretensión de desconocer derechos fundamentales a la mayoría de los trabajadores y de quienes laboran en beneficio del país, como incluso de policías que lo han hostigado, profesores, bomberos, médicos, aseadores y hasta a los jubilados y pensionados.
Quizás estos comentarios, lo más significativo y resaltante del evento, siendo el cierre que se hace un llamado a la reflexión de quienes ocupan puestos de autoridad en Venezuela, ya que hay inidicos que permiten "constatar que el Estado venezolano (sus funcionarios) es responsable de implementar una política en contra de los líderes sindicales mediante la acción coordinada del Ejecutivo, Poder Judicial y Ministerio Público, con la participación de Defensoría del Pueblo". Es decir, hay un "daño estructural y carencias graves del Estado de Derecho", por una inadecuada coordinación de los organismos del Estado y de la Sociedad para el cuido de la vida de la gente.
Fuentes
https://www.radiotelevisionmarti.com/amp/se-suicida-en-carcel-del-sebin-un-opositor-al-gobierno-de-maduro/88693.html
https://provea.org/entrevistas/raul-cubas-no-hay-que-perder-la-dignidad-hay-que-luchar-por-los-derechos/
https://provea.org/actualidad/derechos-civiles-y-politicos/organizaciones-de-la-sociedad-civil-y-sindicatos-venezolanos-exigen-libertad-de-defensores-de-ddhh-y-dirigentes-sindicales-detenidos-2/
https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-d-humanos_ong-odevida-cuenta-44-asesinatos-de-l%C3%ADderes-sindicales-venezolanos-en-5-a%C3%B1os/47750402
https://eldiario.com/2022/07/13/casos-violencia-lideres-sindicales-venezolanos/
https://provea.org/entrevistas/jacqueline-richter-asi-como-vendra-una-comision-de-la-cpi-vendra-una-de-la-oit/
Asistencia al evento.
